El caso contra Ruben Vardanyan

En septiembre de 2023, Rubén Vardanyan fue detenido ilegalmente por las autoridades azerbaiyanas mientras intentaba entrar en Armenia desde Nagorno-Karabaj. Ha sido acusado de una amplia gama de delitos relacionados con el llamado terrorismo y se enfrenta a una posible cadena perpetua. Los cargos en su contra tienen motivaciones políticas y constituyen una represalia por las críticas abiertas de Rubén al presidente Ilham Aliyev y al Gobierno de Azerbaiyán, así como por su papel como Consejero de Estado de la República de Nagorno-Karabaj.

En abril de 2024, Rubén llevó a cabo una huelga de hambre de 20 días para protestar contra su juicio político y el de otros prisioneros cristianos armenios. En respuesta, las autoridades del centro de detención preventiva del Servicio de Seguridad del Estado lo trasladaron a una celda de castigo y lo sometieron a diversas técnicas de tortura, incluyendo mantener las luces encendidas las 24 horas del día, obligarlo a estar de pie durante muchas horas, privarlo de agua potable, negarle ropa limpia, impedirle ducharse o usar papel higiénico, y mantenerlo incomunicado.

Desde enero de 2025, el Tribunal Militar de Bakú ha llevado a cabo más de 30 audiencias secretas en el caso de Rubén. Estos procedimientos se están realizando en flagrante violación del derecho internacional, que prohíbe estrictamente que los civiles sean juzgados por tribunales militares. Además, el juicio ha estado marcado por graves violaciones del debido proceso, incluyendo restricciones sistemáticas a las reuniones confidenciales con sus abogados, el rechazo de mociones básicas de la defensa, retrasos procesales y la negativa a conceder solicitudes clave como una pericia lingüística forense, a pesar de los errores de traducción documentados en la acusación. Más de 100 testimonios de supuestas “víctimas” han sido presentados incorrectamente ante el tribunal, a pesar de tratarse de pruebas inadmisibles por ser meros rumores provenientes de personas que reconocen no haber conocido nunca a Rubén y no tener absolutamente ninguna prueba que lo relacione con las lesiones que supuestamente ellos o sus seres queridos han sufrido. De hecho, todos se limitan a afirmar que Rubén es responsable basándose únicamente en lo que, según ellos, el Gobierno les ha dicho.

En febrero de 2025, Rubén inició otra huelga de hambre, esta vez explícitamente contra la “farsa judicial” de su juicio, denunciando las graves violaciones procesales y la naturaleza fraudulenta de las audiencias militares secretas. A pesar del rápido deterioro de su salud, las injusticias continuaron: su presión arterial se registró en el rango peligroso de “Etapa 2”, había perdido seis kilos y parecía estar al borde del desmayo durante audiencias a puerta cerrada que se llevaron a cabo sin interrupción. Suspendió su huelga de hambre después de 23 días, tranquilizando a sus seguidores sobre su fortaleza, al tiempo que subrayaba el carácter simbólico de su resistencia frente a la injusticia.

La familia de Rubén sigue sin conocer el alcance total del trauma psicológico y físico que ha resultado de este trato. Ya ha pasado dos años en detención, la gran mayoría de ese tiempo en régimen de aislamiento o en celdas de castigo, bajo una presión psicológica constante.