Violaciones de los derechos
humanos en Azerbaiyán
Las condiciones de detención de los prisioneros armenios son profundamente preocupantes. Azerbaiyán ha omitido proporcionar información sobre la salud y el bienestar de estas personas. En abril de 2024, tras la huelga de hambre de Rubén, su familia y sus abogados internacionales se enteraron de que fue colocado en una celda de castigo y sometido a un trato extremo que equivale a tortura. Esto incluye la negación de acceso al agua potable durante más de dos días completos, la privación del sueño mediante exposición constante a la luz, y la obligación de permanecer de pie durante largos períodos de tiempo. Es especialmente preocupante que también se le haya negado el acceso a su abogado y que haya sido retenido en régimen de incomunicación.
Desde enero de 2025, el Tribunal Militar de Bakú ha celebrado decenas de audiencias a puerta cerrada en el caso de Rubén, desafiando abiertamente el derecho internacional que prohíbe que los civiles sean juzgados por tribunales militares. El proceso en sí ha estado plagado de graves violaciones al debido proceso: Rubén ha enfrentado restricciones repetidas en el acceso confidencial a sus abogados, el rechazo arbitrario de decenas de mociones de la defensa, demoras procesales deliberadas, y la negativa del tribunal a permitir una revisión forense lingüística, a pesar de los errores generalizados de traducción en la acusación. El tribunal también ha admitido más de 100 declaraciones de supuestas “víctimas” que no son más que testimonios de oídas inadmisibles, con testigos que reconocen abiertamente que nunca conocieron a Rubén ni tienen conocimiento directo que lo vincule con los supuestos daños — y que su única fuente de información es lo que el Gobierno de Azerbaiyán les ha dicho.