Trasfondo

Violaciones de los derechos
humanos en Azerbaiyán

Las condiciones de detención de los prisioneros armenios son profundamente preocupantes. Azerbaiyán ha omitido proporcionar información sobre la salud y el bienestar de estas personas. En abril de 2024, tras la huelga de hambre de Rubén, su familia y sus abogados internacionales se enteraron de que fue colocado en una celda de castigo y sometido a un trato extremo que equivale a tortura. Esto incluye la negación de acceso al agua potable durante más de dos días completos, la privación del sueño mediante exposición constante a la luz, y la obligación de permanecer de pie durante largos períodos de tiempo. Es especialmente preocupante que también se le haya negado el acceso a su abogado y que haya sido retenido en régimen de incomunicación.

Desde enero de 2025, el Tribunal Militar de Bakú ha celebrado decenas de audiencias a puerta cerrada en el caso de Rubén, desafiando abiertamente el derecho internacional que prohíbe que los civiles sean juzgados por tribunales militares. El proceso en sí ha estado plagado de graves violaciones al debido proceso: Rubén ha enfrentado restricciones repetidas en el acceso confidencial a sus abogados, el rechazo arbitrario de decenas de mociones de la defensa, demoras procesales deliberadas, y la negativa del tribunal a permitir una revisión forense lingüística, a pesar de los errores generalizados de traducción en la acusación. El tribunal también ha admitido más de 100 declaraciones de supuestas “víctimas” que no son más que testimonios de oídas inadmisibles, con testigos que reconocen abiertamente que nunca conocieron a Rubén ni tienen conocimiento directo que lo vincule con los supuestos daños — y que su única fuente de información es lo que el Gobierno de Azerbaiyán les ha dicho.

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En febrero de 2025, Rubén inició una segunda huelga de hambre, esta vez protestando directamente contra lo que calificó como la “farsa judicial” de su juicio. Señaló el juicio a puerta cerrada ante el Tribunal Militar de Bakú y los numerosos abusos procesales como fundamentos de su protesta. A pesar del rápido deterioro de su salud — su presión arterial alcanzó niveles peligrosamente altos, perdió seis kilogramos de peso, y su debilidad física se hizo evidente en las audiencias —, el juicio continuó sin pausa y a puerta cerrada. Después de 23 días, Rubén suspendió la huelga, subrayando tanto su resiliencia personal como el carácter simbólico de su protesta frente a la injusticia. Esta es una situación horrorosa, y su familia aún desconoce la magnitud total del trauma psicológico y físico que ha sufrido.

Este maltrato viola las obligaciones de Azerbaiyán en virtud de la Convención contra la Tortura, así como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). Rubén y otros prisioneros armenios están detenidos en clara violación del derecho nacional e internacional, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Es impactante ver a Azerbaiyán, como estado parte de estos tratados, violarlos tan descaradamente.

Desafortunadamente, el terrible trato a Rubén no es una sorpresa. Azerbaiyán tiene un historial bien documentado de tortura a prisioneros políticos, especialmente a detenidos de origen armenio. Dado el origen étnico de Rubén, su condición de ex alto funcionario del Gobierno de Nagorno-Karabaj, su crítica abierta al trato de Azerbaiyán hacia Nagorno-Karabaj y su población, y su detención por parte del Servicio de Seguridad del Estado (reconocido por la tortura de armenios étnicos), Rubén corre un riesgo inminente de ser sometido a más torturas y malos tratos. Azerbaiyán debe poner fin de inmediato a estos graves abusos de derechos humanos y cumplir plenamente con todas sus obligaciones conforme al derecho internacional de los derechos humanos. En estas circunstancias, esto exige la liberación inmediata e incondicional de todos los prisioneros armenios y su repatriación a Armenia.

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