El Caso de Rubén Vardanyan: Hechos y principales violaciones del derecho a un juicio justo

El Caso de Rubén Vardanyan: Hechos y principales violaciones del derecho a un juicio justo

Estado actual: VEREDICTO EMITIDO

Fecha del veredicto: 17 de febrero de 2026

Sentencia: 20 años de prisión. Según la decisión del tribunal, los primeros 10 años de la condena deben cumplirse en prisión, y el resto en un centro correccional de régimen estricto.

El veredicto fue anunciado en una audiencia a puerta cerrada del Tribunal Militar de Bakú. El texto completo del fallo no se leyó en la sala. A la fecha de este documento, Rubén y su familia no han recibido una copia escrita oficial del veredicto con la traducción adecuada, lo que constituye una violación adicional de los derechos procesales tanto según la legislación de Azerbaiyán como de las normas internacionales.

Preámbulo

Rubén Vardanyan es un civil, una figura pública y un filántropo, que fue detenido por las autoridades azerbaiyanas en septiembre de 2023 mientras intentaba salir de Artsaj junto con miles de civiles. Desde entonces, se encuentra retenido en Bakú. Su proceso judicial se ha desarrollado en un contexto de violaciones persistentes tanto de la legislación nacional de la República de Azerbaiyán como de las normas internacionales reconocidas sobre juicios justos.

Desde el inicio, el procedimiento ha mostrado características de una persecución motivada políticamente. La acusación se basa en pruebas fabricadas, documentos procesales falsificados y la privación sistemática de los derechos fundamentales de defensa.

Aunque formalmente calificado como “público”, el juicio se ha llevado a cabo en condiciones de aislamiento efectivo frente al control internacional, con la exclusión de observadores independientes y una restricción severa del acceso efectivo a la defensa.

Hechos clave en el caso de Rubén Vardanyan

• El caso de Rubén Vardanyan se separó en un procedimiento distinto. Solicitó que su causa se tratara conjuntamente con los casos de otros detenidos armenios, pero el tribunal rechazó la consolidación.
• Rubén Vardanyan enfrenta aproximadamente 42 cargos, expuestos en 422 volúmenes (más de 105 000 páginas), exclusivamente en idioma azerbaiyano.
• No se proporcionó una traducción adecuada de los documentos del caso ni del acta de acusación, y el tiempo concedido para su revisión —un mes y medio— fue manifiestamente insuficiente.
• Aunque Rubén Vardanyan nunca participó en hostilidades ni ocupó cargos militares o de seguridad, su caso está siendo examinado por un tribunal militar, en contradicción con los principios fundamentales del derecho internacional. Tras su traslado a Nagorno-Karabaj en 2022, se dedicó exclusivamente a actividades humanitarias, lejos de cualquier zona de combate, como lo corroboran los proyectos realizados y los testimonios locales.
• Al abogado internacional de Rubén Vardanyan, Jared Genser, se le negó la entrada a Azerbaiyán, privándolo así del derecho a elegir su defensor.
• Las audiencias se llevaron a cabo sin la presencia de observadores internacionales independientes ni de periodistas extranjeros; solo estuvieron presentes los medios controlados por el Estado azerbaiyano.

1) Acusaciones relativas a períodos en los que Rubén Vardanyan no podría haber estado físicamente en Nagorno-Karabaj

La acusación imputa a Rubén Vardanyan la responsabilidad por los hechos ocurridos en Nagorno-Karabaj desde 1988, es decir, décadas antes de su traslado a la región.

Está establecido y documentado que:

• A partir de 1985, Rubén Vardanyan estuvo matriculado como estudiante de tiempo completo en la Facultad de Economía de la Universidad Estatal de Moscú.
• Durante sus años universitarios, residió y estudió de manera continua en Moscú.
• Tras graduarse, continuó su carrera profesional fuera de la zona de conflicto.

Por lo tanto, los cargos abarcan actos que Rubén Vardanyan físicamente no pudo haber cometido, lo que pone de relieve su carácter arbitrario y poco fiable.

Esto vulnera el principio de certeza jurídica (lex certa) y el de aplicabilidad temporal de la ley (tempus regit actum). Los cargos imputan a Rubén Vardanyan una responsabilidad indirecta por hechos ocurridos 30 años antes de su implicación, una noción expresamente rechazada tanto por el derecho penal interno como por el internacional, que exige un vínculo de causalidad directo (nexus causalis) entre las acciones de una persona y las consecuencias delictivas alegadas.

2) Testimonios de testigos sin conocimiento personal ni fundamento probatorio

La mayoría de las “víctimas” y de sus representantes interrogados por el tribunal, que afirman que Rubén Vardanyan habría cometido delitos en los años 1980, 1990 y 2000, nunca lo han conocido personalmente: ellos mismos declaran no haberlo encontrado nunca y que su conocimiento sobre él proviene únicamente de los medios de comunicación y redes sociales. En este contexto, sus testimonios son indirectos (de segunda mano o basados en publicaciones) y, por definición, no pueden establecer los elementos clave de la acusación, es decir, el papel individual del acusado y el vínculo de causalidad entre sus acciones y el daño alegado. Los testimonios describen los hechos del conflicto y los perjuicios sufridos, pero no contienen datos derivados de la percepción directa (contactos con el acusado, sus órdenes, participación, comunicaciones o coordinación documentada) que vinculen específicamente estos episodios con Vardanyan. Además, el tribunal se negó repetidamente a convocar a testigos de la defensa que podrían haber aclarado las circunstancias y corroborado los hechos invocados por ésta, lo que reduce la verificabilidad y el equilibrio del carácter contradictorio al evaluar los testimonios de la acusación.

3) Incompatibilidad con los acuerdos internacionales

El motivo oficial de la detención de Rubén Vardanyan se adujo como un « cruce ilegal de la frontera » el 27 de septiembre de 2023.

Sin embargo:

• De conformidad con la declaración tripartita del 9 de noviembre de 2020, firmada por los presidentes de Azerbaiyán, Armenia y la Federación de Rusia, el corredor de Lachín estaba bajo el control de las fuerzas de mantenimiento de la paz rusas. La declaración tripartita creó un estatus jurídico único para este territorio, bajo la supervisión del contingente de mantenimiento de la paz ruso. Este estatus excluía la aplicación de las normas ordinarias del régimen fronterizo. Es fundamental que Azerbaiyán haya reconocido esta situación jurídica, aceptando así que los desplazamientos por el corredor de Lachín, de conformidad con las disposiciones de la declaración tripartita, no puedan calificarse como un cruce ilegal de la frontera.
• Azerbaiyán garantizó la seguridad de los desplazamientos de civiles, vehículos y mercancías en ambos sentidos.
• En 2023, la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reafirmaron la necesidad de garantizar la libre circulación por el corredor de Lachín.

La acusación se basa, por tanto, en una presunción que en sí misma es objeto de disputa jurídica internacional, constituyendo un vicio tanto lógico como jurídico.

Participación en una “formación criminal”: La calificación de las instituciones estatales de Artsaj como una “formación criminal” viola las normas del derecho internacional (tanto convencional como consuetudinario) y también contradice el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia en el caso de Kosovo, que estableció claramente que “el derecho internacional general no contiene ninguna prohibición aplicable a la proclamación de independencia”.

La acusación introduce, en la práctica, una forma de criminalización retroactiva, declarando ilícito, a posteriori, a un actor político que durante décadas participó en las negociaciones bajo los auspicios del Grupo de Minsk de la OSCE. En este contexto, los Copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE (Francia, Rusia y Estados Unidos), creados en virtud de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para facilitar la resolución del conflicto, se reunieron regularmente con los representantes oficiales de Artsaj —incluido su Presidente, el Ministro de Estado, el Presidente de la Asamblea Nacional y otros altos funcionarios— para debatir sobre las cuestiones en curso y las posibles vías de resolución del conflicto.

En su práctica, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha anulado ciertas declaraciones de independencia cuando las consideró contrarias al derecho internacional (por ejemplo, Rodesia del Sur, Chipre del Norte, la República Serbia de Bosnia). Sin embargo, en el caso de Artsaj, el Consejo de Seguridad nunca declaró inválida la declaración de independencia de la República de Artsaj y reconoció implícitamente su personalidad jurídica como distinta de la de la República de Armenia y/o Azerbaiyán.

Cronología de los eventos clave

Declaraciones de Rubén Vardanyan y reacciones internacionales

• 16 de enero de 2025: A través de miembros de su familia, Rubén Vardanyan presentó una declaración en la que afirmaba que no había prestado ningún testimonio desde su arresto; 
• que todos los actas que llevaban su firma eran falsificadas; 
• y que su abogado y su traductor habían sido obligados a firmar documentos procesales.
  
• El 10 de octubre de 2023, la comunidad de exalumnos de la SKOLKOVO School of Management publicó un llamamiento abierto en apoyo a su mentor, Rubén Vardanyan. Los antiguos estudiantes pidieron la liberación de esta figura pública para que pudiera reunirse con su familia y retomar sus actividades en los ámbitos educativo y humanitario.
• El 12 de diciembre de 2023, más de 150 personalidades humanitarias, políticas y líderes empresariales de todo el mundo firmaron una carta abierta en la que pedían la liberación de los antiguos dirigentes de Artsaj. Expresaron su preocupación por las condiciones de detención y por el bienestar de los detenidos.
• Del 5 al 24 de abril de 2024, Rubén Vardanyan emprendió una huelga de hambre, exigiendo la liberación inmediata de los detenidos armenios retenidos de manera ilegal.
• En diciembre de 2024, los fiscales azerbaiyanos presentaron 42 cargos adicionales basados en 19 artículos del Código Penal, que incluían asesinato, crímenes de guerra, terrorismo, toma de poder y tortura.
• El 17 de enero de 2025 comenzó el juicio de Rubén Vardanyan. El caso está siendo examinado por el Tribunal Militar de Bakú, aunque Vardanyan es un civil sin vínculo con las fuerzas armadas, las fuerzas del orden ni los servicios de inteligencia. El proceso está a cargo de un panel de tres jueces presidido por Zeynal Agaev, separado de los casos de otros funcionarios de Artsaj.
• El 17 de enero de 2025, Amnistía Internacional instó a las autoridades azerbaiyanas a garantizar a Rubén Vardanyan el derecho a un juicio justo.
• El 19 de febrero de 2025, Rubén Vardanyan inició una segunda huelga de hambre para protestar contra lo que describió como una “farsa judicial”.
• El 12 de marzo de 2025, el Parlamento Europeo adoptó una resolución condenando el trato inhumano a los detenidos armenios y solicitando su liberación inmediata.
• El 3 de septiembre de 2025, el Comité Internacional de la Cruz Roja anunció la suspensión de sus operaciones en Azerbaiyán. Era la única organización internacional con acceso a los detenidos armenios en Bakú.
• El 21 de octubre de 2025, Vardanyan renunció a sus servicios de abogado, declarando que, en el contexto de violaciones sistémicas de la justicia, la defensa no tenía ninguna posibilidad real de impugnar los cargos y que el papel del abogado se limitaba a crear la apariencia de un proceso legal.
• El 18 de diciembre de 2025, el fiscal solicitó la pena de prisión perpetua para Rubén Vardanyan.

Principales violaciones procesales

Violación del derecho a ser informado de los cargos y de sus derechos

1. Al momento de su detención, Rubén Vardanyan no fue informado de las razones de su arresto ni de sus derechos.
2. Las notificaciones de sus derechos estaban ya sea sin firmar, no entregadas o emitidas con irregularidades procesales.
3. Las órdenes que lo acusaban bajo nuevos artículos no se notificaron dentro de los plazos legales establecidos y no fueron traducidas.

Privación del derecho a una defensa efectiva

1. Casi la totalidad de las solicitudes presentadas por Rubén Vardanyan y su equipo de defensa fueron sistemáticamente ignoradas.
2. Se le negó el acceso a servicios notariales, documentos, piezas del expediente, literatura especializada y recursos en línea necesarios para preparar su defensa.
3. Varias decenas de solicitudes fueron formalmente “examinadas”, pero en realidad no se registraron en las actas oficiales.

Falsificación y manipulación de documentos

1. El expediente contiene actas carentes de las firmas del acusado y de su abogado.
2. Se han registrado alteraciones en el contenido de las actas de las audiencias.
3. El acta de acusación no lleva las firmas de los representantes autorizados del ministerio público.
4. El traductor proporcionado por el tribunal azerbaiyano cometió errores graves, incluyendo referencias incorrectas, citando la legislación bielorrusa en lugar de la azerbaiyana.

Jurisdicción ilegal

1. El caso de un civil está siendo examinado por un tribunal militar, en violación de las normas internacionales sobre independencia judicial.

Carácter cerrado del procedimiento

1. No se permite la entrada de observadores internacionales ni de periodistas independientes a la sala de audiencias.
2. Los medios estatales distorsionan las declaraciones de Rubén Vardanyan y de su abogado.
3. Las referencias al “secreto de Estado” se utilizan como pretexto para sustraer el procedimiento al control internacional.

Factores adicionales de aislamiento

1. El 3 de septiembre de 2025, a solicitud de las autoridades azerbaiyanas, se suspendió la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja, que era el último mecanismo internacional con acceso a los detenidos.
2. El 22 de octubre de 2025, Rubén Vardanyan renunció a los servicios de su abogado, citando la falta de condiciones para garantizar una defensa efectiva y negándose a participar en lo que describió como un “teatro del absurdo”.

Conclusión

El conjunto de hechos establecidos demuestra que la persecución de Rubén Vardanyan no cumple ni con el derecho nacional de Azerbaiyán ni con las normas internacionalmente reconocidas de un juicio justo. Su caso tiene motivación política y se desarrolla en el contexto de un conflicto etnopolítico agudo en torno a Nagorno-Karabaj, donde el enjuiciamiento penal constituye tanto una continuación de la confrontación como un instrumento de demostración pública de poder.

La magnitud y el carácter retroactivo de los cargos, el juicio de un civil ante un tribunal militar, así como los obstáculos sistémicos para ejercer el derecho a la defensa, contribuyen a un procedimiento en el que las garantías fundamentales de un juicio justo están ausentes.

Ahora que el tribunal ya ha dictado su veredicto, la implicación internacional es más crucial que nunca. Una sentencia emitida en tales circunstancias carece de legitimidad y confirma el carácter político del proceso.