Declaración del equipo legal de Rubén Vardanyan
El 17 de febrero, el tribunal militar de Bakú condenó a Rubén Vardanyan a 20 años de prisión. Este veredicto no fue producto de un proceso judicial independiente e imparcial. Era un resultado previsible de procedimientos motivados por consideraciones políticas y fundamentalmente incompatibles con los estándares de un juicio justo.
Como sus representantes legales, declaramos de manera inequívoca que esta condena carece de sustento legal.
Desde el inicio, el proceso estuvo marcado por violaciones graves y sistémicas tanto de la legislación interna de Azerbaiyán como de sus obligaciones internacionales vinculantes. El tribunal no cumplió con los requisitos de independencia e imparcialidad garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Europea de Derechos Humanos. La presunción de inocencia se vio comprometida por la formulación y el contenido de los cargos.
A la defensa se le negó un acceso significativo al expediente, se le concedió un tiempo claramente insuficiente para examinar los extensos materiales y se le obstaculizó repetidamente en la presentación de mociones y pruebas exculpatorias. Al Sr. Vardanyan no se le otorgó acceso completo e independiente a un abogado de su elección. Estas violaciones no fueron irregularidades procesales; privaron directamente al Sr. Vardanyan de su derecho fundamental a preparar y presentar una defensa efectiva.
El carácter adversarial del proceso fue efectivamente destruido. El Sr. Vardanyan no tuvo la oportunidad genuina de impugnar los cargos ante un tribunal competente, independiente e imparcial. En tales circunstancias, la integridad del veredicto no puede mantenerse.
La naturaleza de los cargos también subraya el carácter político de la persecución. El Sr. Vardanyan ha sido responsabilizado penalmente no por actos individuales establecidos más allá de toda duda razonable, sino por su participación política y servicio público asociados con las instituciones de Artsaj/Nagorno-Karabaj. El derecho penal contemporáneo, tanto nacional como internacional, no permite criminalizar la identidad, la afiliación política o la participación en estructuras gubernamentales sin actos delictivos específicos y probados.
El efecto acumulativo de estas violaciones lleva a una conclusión inevitable: Rubén Vardanyan fue privado de un juicio justo en cualquier sentido significativo del término. Su condena refleja un patrón más amplio que afecta a los armenios étnicos de Nagorno-Karabaj y plantea serias preocupaciones por el estado de derecho. Por lo tanto, este juicio, al igual que el recientemente concluido contra los otros quince armenios, es ilegal.
Hacemos un llamado a las organizaciones internacionales, a los mecanismos de protección de los derechos humanos y a los gobiernos responsables para que adopten medidas inmediatas y concretas a fin de proteger los derechos del Sr. Vardanyan y de los demás armenios condenados y detenidos ilegalmente en Bakú, y para garantizar su liberación. La normalización de las persecuciones motivadas políticamente amenaza no solo a los individuos involucrados, sino también la credibilidad del orden legal internacional.
Siranush Sahakyan, abogada, doctora en Derecho, representante de los prisioneros de guerra armenios ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), directora del Centro de Derecho Internacional y Comparado
Eghishe Kirakosyan, abogado, doctor en Derecho, socio director de Equity Law Partners
Taron Simonyan, abogado, doctor en Derecho, socio fundador de ELL PARTNERSHIP
