Declaración del abogado de derechos humanos Siranush Sahakyan sobre la acusación contra Rubén Vardanyan
Ereván, 23 de mayo de 2025 — Yo, Siranush Sahakyan, abogada de derechos humanos y representante de la familia de Rubén Vardanyan, y miembro de su equipo legal internacional, declaro que tras revisar una parte de la acusación en el caso de Rubén Vardanyan (que abarca más de 200 páginas), es evidente que los cargos en su contra tienen motivaciones políticas, son legalmente infundados y constituyen una grave violación del derecho internacional y de los principios de un juicio justo.
En el documento se destacan varios puntos críticos:
En primer lugar, en directa contradicción con los principios jurídicos fundamentales, el escrito de acusación utiliza la identidad armenia de Ruben Vardanyan como base de responsabilidad penal. La formulación de los cargos sugiere que el origen étnico por sí solo constituye la principal prueba de culpabilidad. Esto socava los cimientos mismos de los sistemas de justicia modernos: el principio de nullum crimen sine lege («no hay delito sin ley») y el requisito de responsabilidad penal individual.
En segundo lugar, el escrito de acusación designa a la República de Nagorno-Karabaj (RNK), donde viven aproximadamente 150.000 armenios, como organización criminal. Esto contradice uno de los principios fundamentales del derecho internacional: el derecho de los pueblos a la autodeterminación. En el escrito de acusación, este derecho se caracteriza erróneamente como una incitación al odio. De este modo, el documento criminaliza retroactivamente a una entidad política que llevaba décadas negociando con el Grupo de Minsk de la OSCE. Además, Rubén Vardanyan está siendo responsabilizado por hechos ocurridos hasta 30 años antes de su llegada a la república no reconocida.
En tercer lugar, el escrito de acusación acusa a Rubén Vardanyan de cruzar ilegalmente la frontera estatal azerbaiyana, lo que sirvió de pretexto para su arresto el 27 de septiembre de 2023. Sin embargo, en ese momento, el Corredor de Lachín estaba bajo el control de las fuerzas de paz rusas. Además, Azerbaiyán se había comprometido a garantizar la libertad de circulación a través del corredor en virtud del acuerdo trilateral del 9 de noviembre de 2020. La Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas también confirmó este derecho: el 22 de febrero y el 6 de julio de 2023, emitió órdenes vinculantes que afirmaban la necesidad de garantizar la libre circulación de personas, vehículos y mercancías a lo largo del Corredor de Lachín en ambas direcciones. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió sentencias similares.
Por lo tanto, la detención de Rubén Vardanyan carecía de fundamento jurídico. La RNK ha sido tratada sistemáticamente por la comunidad internacional como un territorio en disputa, pero el escrito de acusación trata el objeto mismo de esta disputa internacional — la situación jurídica del territorio y el régimen fronterizo aplicable — como un hecho establecido. Al hacerlo, la fiscalía comete la falacia lógica de la petición de principio («petición de principio»), utilizando como prueba una afirmación que, en sí misma, requiere una determinación jurídica.
Finalmente, la acusación retrata a la Iniciativa Humanitaria Aurora — cofundada por Rubén Vardanyan y sus socios para ayudar a poblaciones vulnerables de todo el mundo — como una organización que presuntamente financia el terrorismo. Esta acusación es manifiestamente absurda, dado que Aurora es reconocida internacionalmente como una respetada iniciativa humanitaria que brinda ayuda a víctimas de crisis en todo el mundo. Según esta lógica, la asistencia humanitaria a refugiados y poblaciones afectadas por conflictos se equipara a una actividad delictiva.
En resumen, la acusación no tiene meramente motivaciones políticas: constituye una profunda distorsión de principios jurídicos fundamentales y sienta un precedente peligroso.
Este no es un caso aislado. Siete armenios detenidos actualmente en Bakú ya han sido condenados a largas penas de prisión por cargos con motivación política y sin fundamento jurídico, lo que supone una clara afrenta a las normas internacionalmente reconocidas de justicia y debido proceso. Los dieciséis restantes están ahora al borde de enfrentarse a procesos igualmente injustos y con motivaciones políticas.
Puede leer el extracto del escrito de acusación, que ilustra claramente el absurdo, la motivación política y la invalidez jurídica de los cargos, en el siguiente enlace.
